Se considera que el paradigma del
discurso político es aquel que Shakespeare pone en boca de Marco Antonio en el
drama “César”, cuando aquél, tras el asesinato del emperador, obtiene licencia
de Bruto y los conjurados para hablar a la plebe. Marco Antonio, en su
relatorio fúnebre no hace otra cosa que alabar a Bruto y a sus cómplices por
ser “hombres honrados”, pero maneja
las palabras de tal modo que va elevando la temperatura de la masa, pues
consigue que ésta interprete como él quiere todo lo contrario de lo que
aparentemente dice. Eso es la técnica del “metalenguaje”:
decir una cosa de tal modo que se entiende otra.
Yo tuve esa sensación escuchando
a quien a sí mismo moteja de “Primer Rey Constitucional” (lo que me hace
preguntarme qué era entonces su padre), pues si discurso, técnicamente
impecable en secuencias, elevaciones de tono y el resto de los recursos
expresivos que denota un buen preparador y entrenamiento, me recordaba a Marco
Antonio en la pieza invocada: sobrevolaba las cuestiones candentes de modo tan
hábil que muchos creerán que realmente
las ha abordado a fondo. Y no fue tal cosa.
Expresemos nuestra perplejidad por
la ausencia en su discurso de la alusión directa a las víctimas del terrorismo,
precisamente en un momento en, que
gracias a las imprevisiones del Gobierno, los más terribles y no arrepentidos
asesinos están saliendo de las cárceles, para escarnio y vergüenza de la nación
toda. Pero eso, pese a la gravedad del caso, no ha sido lo peor.
¿Puede el jefe del Estado no
hacer la menor alusión al hecho de que una de las personas que tienen el mismo
derecho que él mismo (en el orden que sea) a ostentar su magistratura es reo de
una causa ordinaria, con consecuencias imprevisibles que en todo caso afectan a
la propia imagen de la institución?
¿Dónde están los cambios, la
transparencia y la valentía que se espera de un tiempo nuevo?
Hace tres años, tras el estallido
del caso Urdangarín, uno de los periodistas que mejor conoce la Casa Real y la
Monarquía, el ex director del diario monárquico ABC, escribía unos días antes
del famoso discurso de Navidad de Juan Carlos I, cuando dijo aquello de que
“todos somos iguales ante la Ley”: “Para
superar la crisis de imagen que haya podido sufrir, o esté sufriendo la
monarquía, es preciso que ésta se gubernamentalice. Lo que consiste en que la
Jefatura del Estado, como sucede ahora pero asistemáticamente, se convierta en
un instrumento institucional al servicio de los intereses nacionales”.
Esta es la cuestión: ¿Quién
escribe y cuál es la sintonía de su contenido con el propio Gobierno? Como
recordaba Zarzalejos, el ejecutivo británico es “Gobierno de su Graciosa
Majestad”. Y cuando se abre el Parlamento, la Reina lee el discurso que le
prepara el premier y su gabinete Algo parecido ocurre con el resto de las
monarquías parlamentarias de Europa. Como subraya el periodista vasco, “el jefe del Estado sirve a los intereses de
la nación bajo el criterio del Gobierno, con el margen de decisión propia
lógico pero estrictamente limitado. El modelo británico es el más precoz y
sólido de monarquías parlamentarias y otras, como la noruega, danesa u
holandesa -incluso la belga- no difieren en demasía. Así, cuando habla el
titular de la Corona la sociedad respectiva sabe que a su través se está
pronunciando institucionalmente el propio Gobierno.”
¿Qué ocurre en España?
Tradicionalmente se ha entendido que el Rey y sus asesores redactan los
mensajes institucionales que, antes de ser emitidos han de ser revisados por el
Gobierno, ya que no puede o debe haber disonancia entre el papel del monarca y
el ejecutivo que, a través de las urnas, han elegido los ciudadanos. ¿O no?
Zarzalejos, que no es precisamente republicano dice que Gobierno democrático de
España, al margen de su color, ha de expresarse a través del Rey en las
ocasiones más solemnes y en sus intervenciones más significativas.
Y añade: “No basta con el carácter simbólico de la Corona: hay que dar el paso de
engarzarla eficientemente en el sistema operativo de la gestión de los
intereses públicos y ofrecer la certeza de que la Jefatura del Estado, siempre
cuidando a través del Jefe de su Casa (que tiene categoría de ministro) de que
su perfil constitucional, moderador, arbitral y apartidista no padezca nunca,
responde a los dictados de las urnas a través de su simbiosis con los Gobiernos
queridos por el pueblo y el Congreso”.
¿Debe el Gobierno meter mano en
lo que dice el Rey o éste debe pronunciarse libremente sobre lo que le
apetezca?
En el interesante libro de Manuel
Soriano, “Sabino Fernández Campo. La sombra del Rey”, donde se hacen
interesantes revelaciones que sólo se conocían en la Zarzuela (como que el
conde de Barcelona pretendió que le otorgaran el tratamiento de “Rey” del que
ahora disfruta su hijo o el sufrimiento del leal edecán por las escapadas del
monarca, con frecuencia más atento a sus impulsos de bragueta que al interés
del Estado), se menciona el caso del discurso de Navidad de 1990, en el que
Felipe Gonzáles eliminó las referencias a la corrupción que ya estaba en su
apogeo e introdujo un ataque a la prensa por su creciente contenido crítico
hacia su Gobierno.
Felipe no tuvo dudas. Ni creo que
las haya tenido Rajoy. O sea, que los ciudadanos deberíamos tener claro hasta
dónde lo que escuchamos sale directamente del ejecutante o de otros.
El primer discurso navideño de
Felipe VI ha sido un discurso decepcionante, y cabe preguntarse hasta dónde
estaba pactado, medido y sintonizado con el Gobierno. Desde luego, coincidimos
con Zarzalejos cuando dice que cuando el Rey habla (dentro de un lógico margen
de autonomía) no debe perderse el horizonte de quién es realmente y, en
consecuencia debe hablar en sintonía con el ejecutivo, “que sólo ha de poner en su boca ideas, proyectos, iniciativas y
propuestas transversales, que integren a la inmensa mayoría de los ciudadanos y
colaboren al entendimiento entre todos y a la convivencia”.
Y en fin, quizá no haya que
echarle toda la culpa a este Rey tan bien “prepao”. De todos modos, como dice
el exdirector de ABC, los ciudadanos tienen derecho a ser exigentes con sus
gobernantes y reclamar de la Corona la ejemplaridad y el servicio a los
intereses nacionales que la justifican.
En este caso, el primer discurso
de Navidad se ha justificado más bien poco.