La necesidad de dotar o no de un
Estatuto al entonces Príncipe de Asturias, y por elevación, de aprobar un
Estatuto o Ley de la Familia Real es un viejo asunto que los sucesivos de la democracia nunca se atrevieron a acometer. Pero los sucesivos escándalos, tanto del
monarca cesante como de su entorno familiar, aconsejaron no abordar este asunto
en un clima desfavorable, en el que el PP y el PSOE mantenían posiciones
cercanas. Así que se optó por ir colando pequeñas reformas, como el aforamiento
de la reina o la consorte del Príncipe de Asturias. De haber sido más
diligentes, otro podría ser el panorama de la infanta Cristina, en cuanto al
proceso a que quiere someterla el juez Castro, y el Gobierno, con sus medios,
hacer “cuestión de Estado” el impedirlo.
La abdicación de Juan Carlos I cambió
por completo el tablero, y, como vemos, con urgente precipitación, se trata de
blindarlo ante posibles responsabilidades tantos penales como civiles, lo que,
por lo que respecta especialmente a esto último parece sencillamente un
desafuero. Si cualquier español tiene un accidente de tráfico con Juan Carlos
conductor, no podría, por lo que se pretende, mantener un pleito civil contra
él si fuera responsable del accidente.
Felipe de Borbón no disfrutaba de
ningún fuero especial y no parecía tener otra función que representar a su
padre en determinados actos, acudir a donde el gobierno le indicara o recorrer
España tratando de crearse una imagen que le ayudara a consolidar en su día la
Corona de la que era heredero. Los constitucionalistas de solvencia democrática
consideraron disparatado dotar a Felipe de los mismos privilegios que a su
padre, pero por esas paradojas de la historia, lo que el Gobierno pretende es
que el padre conserve parte del blindaje que traspasó al hijo.
Hasta ahí aún podría entenderse,
pero la cosa va más allá y se extiende a la familia.
Cabe recordar que está pendiente
de desarrollar un “Estatuto de la Familia Real” o “Ley de la Corona”. De estar
ahora vigentes ¿habrían impedido la imputación de la Infanta Cristina o, al
menos, otorgarle determinados privilegios procesales, como el declarar escrito
o incluso no hacerlo? ¿A saber?
En todo este asunto, no puede
extrañar la postura del PSOE, partido resueltamente dinástico, que ya en la
reforma del Código Penal de 1995 reforzó la protección penal del Rey y su
familia, incluyendo entre los sujetos de protección especial a sus antepasados
o sucesores (sin decir hasta dónde), lo que a juicio de los historiadores es
“puro dadaísmo”
Dolores de Cospedal, secretaria
general del PP, al referirse al posible Estatuto de la Familia Real, dijo:
“El
asunto debe tratase con mucha tranquilidad y prudencia para buscar un acuerdo
entre todos los partidos porque merece una reflexión pausada y no al socaire de
una u otra noticia: el Gobierno tiene la obligación de llevar con prudencia,
con sensatez y con discreción todo lo que atañe a la regulación de la Corona o
del sucesor de la Corona”.
Pero el PSOE fue mucho más claro
y directo que el PP a la hora de proteger a al Rey y su entorno. Para Elena
Valenciano, sólo era preciso “elegir el momento adecuado para modernizar la
monarquía”. Pero ese momento no parece llegar.
Pero quedan muchas cuestiones que
regular. Zapatero, durante su mandato, dejó claro que el PSOE no consideraba
“prioritario” regular el acceso de los
miembros de dicha familia a las empresas privadas, sus relaciones con entidades
financieras y la propia transparencia y control parlamentario, como ocurre en
otras monarquías, de los gastos de Palacio. Los gastos reales, no las cuentas
parciales que se presentan aquí, sin incluir esenciales partidas del costo de
la monarquía de otros Ministerios.
Pero este controvertido asunto no
está muerto, sino hibernado, a la espera del momento adecuado para abordarlo: Desde
hace tiempo, el PP y el PSOE estuvieron de acuerdo en redactar un texto que
debe regular capítulos referidos al estatuto jurídico, funciones y fuero de la
familia real, y, entre otras cosas, aclarar quiénes la componen. En diciembre
de 2011 se incluía a los Reyes, a los príncipes de Asturias y a sus hijas,
Leonor y Sofía. Apenas veinticuatro horas más tarde, un comunicado de la Casa
del Rey se desdecía de todo lo anterior e incluía a las Infantas y sus hijos
así como a Iñaki Urdangarín.
A este asunto se la han dado
muchas vueltas que a veces se pierde la perspectiva, sobre todo en cuestiones
de protocolo, sobre quién es la familia real y donde empieza o termina la
familia del Rey. ¿Nos quedamos con Felipe, Letiziz, las infantas y los reyes
cesantes…?
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