Estoy seguro de que él no tiene
la culpa. Pero el reinado de Felipe VI ha comenzado con un grave e innecesario
atentado contra las libertades que ha jurado respetar. Y al mismo tiempo, el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se saltaba a la torera la norma
jurídica que regula la presencia de las autoridades en los actos de Estado, al
colocar a su señora (que oficialmente no es nada: no existe en España más
primera dama que la Reina) entre él mismo y el presidente del Congreso en un
acto oficial, no social.
La actuación policial contra
todas aquellas personas que exhibían símbolos republicanos, la amenaza de tomar
nota de los edificios en que apareciera alguna enseña, y la contundencia
represiva ha sido una absurda e innecesaria medida, cuyo efecto es el contrario
del perseguido.
El artículo 20 de la Constitución
española reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier
otro medio de reproducción. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse
mediante ningún tipo de censura previa. Y el artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y
de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus
manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público
protegido por la ley.
¿Por qué se criminalizaron a
priori las manifestaciones republicanas? Nada que objetar si se tomaban medidas
contra actos hostiles manifiestos o violentos. Pero unas cuantas banderas y
unos cuantos gritos en la calle no iban a asustar a Felipe, sino recordarle que
hay españoles que no aceptan la institución que representa. Y por reprimirlos
no van a dejar de existir.
El artículo 21 de la
Constitución reconoce el derecho de
reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará
autorización previa. Parece bastante claro que los españoles reprimidos o
censurados sufrieron el quebranto de sus derechos constitucionales de manera
harto grave.
El espectacular despliegue
policial era más que suficiente resguardo para prevenir y atajar cualquier acto
que más allá de la mera manifestación sonora o plástica pretendiera perturbar
el orden público. Pero la represión preventiva ha sido particularmente odiosa e
innecesaria.
Pero casi fue peor la ridícula
metedura de pata de Rajoy, que está obligado a cumplir el Real Decreto de
Precedencias del Estado, ahora modificado para la recolocación de los reyes
salientes. Rajoy y el jefe de Protocolo del Gobierno saben que, tras los reyes
y los miembros de la familia real, va él mismo, seguido del presidente del
Congreso de los Diputados. ¿Cómo
intercala a su esposa relegando al titular del Parlamento, como si esta señora
fuera un cargo público en un momento especialmente solemne para el Estado? Una
chapuza y un desastre. Para llevar a la esposa, ya están los actos sociales,
como la recepción posterior a la proclamación.
Pero de estos episodios hay
antecedentes, como cuando la ahora alcaldesa de Madrid, siendo Aznar presidente
del Gobierno, acompañó a este a un viaje oficial a Cuba, en el que participaban
los Reyes. La mujer Aznar se otorgó estatuto de segunda dama y hasta hubo que
hacerle una agenda oficial de visitas paralela a la de la discreta reina. Por
lo visto a las señoras del PP les gusta figurar, hasta cuando no deben.
Hubo otros fallos, que se
comprenden, como cuando Letizia se quedó sentada en el coche que los conducía
al Palacio de Oriente, mientras sonaba la Marcha Real y el nuevo monarca
saludaba.
Pero todo eso ya es historia.
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