Joaquín Martínez Correcher criticó en Cádiz el injustificable desplazamiento de la infanta Elena del orden de precedencias

El autor del Real Decreto de Precedencias del Estado no coincide con quienes justifican lo ocurrido el 12 de octubre

Frente a las curiosas interpretaciones que se han hecho y escrito, para justificar el desplazamiento de la Infanta Elena del espacio que le corresponde, dentro del orden de precedencias de la Familia Real, en los actos de Estado, el propio embajador Joaquín Martínez Correcher, ex  jefe de Protocolo del Estado, y autor del texto del Real Decreto 2099/83, de Precedencias del Estado, mostró su desacuerdo con la segregación de la hija mayor de los Reyes, y su ubicación junto al jefe de la oposición, a partir del pasado 12 de octubre.

El embajador lo hizo público en el transcurso del XIII Congreso Internacional de Protocolo, celebrado en San Fernando, Cádiz, del 6 al 9 de noviembre, justamente al término de mi ponencia sobre las consecuencias que la crisis de imagen de la institución monárquica está teniendo en la readaptación de su presentación en público para paliar las consecuencias del caso Urdargarín y otros episodios recientes. No obstante, mi teoría es que la crisis de la monarquía es más de fondo que coyuntural, como lo prueba de que antes del nuevo afloramiento del caso del pillastre Urdargarín y el resto de sucesos amoroso-cinegéticos-traumatológicos, las encuestas del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) revelaban un descenso progresivo de la popularidad de la familia Borbón entre los españoles. Ciertos episodios, ya repetidos, se olvidan y pasan. Las cuestiones relevantes permanecen.

Quienes se han apresurado a buscar encajes, explicaciones y arreglos a lo que, con el texto del Real Decreto de Precedencias en la mano, está fuera de duda, quizá debieran replegar velas cuando el propio autor material de la norma deja claro que no cabe otra interpretación que la que nidiamente se establece en la misma. Digo yo que él sabrá lo que quería decir cuando lo escribió.

Por otro lado, aunque yo insisto que Letizia Ortiz Rocasolano no es nada (ella misma lo dijo en unas declaraciones a la revista Vanity Fair), y que aunque se la llame Princesa de Asturias, el hecho recibir el mismo tratamiento y honores no implica poseer la misma condición, ya que no es heredera de nada, ni ha jurado la Constitución, ni puede asumir funciones institucionales por si sola (otra cosa es que lo haga en esta monarquía sui géneris que tenemos y que no respeta las reglas de sus mayores) ni puede existir más que un príncipe de Asturias, heredero de la corona, el mismo embajador Martínez Correcher no estuvo de acuerdo conmigo en esta apreciación, en cuanto mantengo que la forma correcta de referirse a ella debería ser siempre (lo mismo que a su concuñado el procesable Urdargarín), “consorte de”.

Según el embajador –si bien no desmonta mis argumentos jurídicos- se le puede llamar Princesa de Asturias sin más conforme las vigentes normas de tratamientos de la familia real. Por economía verbal, sin duda.  Pero el ilustre diplomático  no nos aclaró por qué. ¿Y con el resto de los títulos, qué?